EL SISTEMA FISCAL GUATEMALTECO
El sistema fiscal de un país es un reflejo de sus principios económicos y políticos, así como de las decisiones que sus gobernantes toman en cuanto a la redistribución de la riqueza y la provisión de bienes y servicios públicos. En Guatemala, el sistema fiscal ha sido objeto de múltiples debates y reformas a lo largo de su historia, con el propósito de alcanzar un equilibrio entre la eficiencia en la recaudación y la equidad en la distribución de los recursos. Desde una perspectiva liberal clásica, como la que defendía Juan de Mariana, los impuestos deben ser justos y limitados, de manera que no afecten los derechos de propiedad de los ciudadanos ni inhiban la iniciativa privada y el desarrollo económico. En el caso de Guatemala, la realidad fiscal se enfrenta a una encrucijada similar: cómo crear un sistema tributario que permita al Estado cumplir con sus obligaciones sin caer en excesos impositivos que socaven el crecimiento económico y las libertades individuales.
El sistema fiscal de Guatemala enfrenta el obstáculo de la generación de ingresos tributarios y la gestión del gasto público. Uno de los problemas principales, según algunos expertos, es que Guatemala tiene una de las tasas de recaudación fiscal más bajas de América Latina, lo que limita gravemente la capacidad del gobierno para financiar servicios públicos esenciales como la educación, la salud y el desarrollo de infraestructura. La carga tributaria se ha mantenido alrededor del 10-12% del PIB, muy por debajo del promedio regional.[1]
En la última década, se han implementado varias reformas para mejorar el cumplimiento fiscal y ampliar la base tributaria, aunque persisten importantes ineficiencias. La economía informal, que representa una gran parte de la fuerza laboral en Guatemala, dificulta aún más los esfuerzos de recaudación, ya que muchas personas y empresas operan fuera de los marcos regulatorios formales.
Otro tema importante es la dependencia del país en préstamos externos e internos para cubrir el déficit fiscal. En 2023, el gobierno continuó utilizando operaciones de crédito público para financiar parte del presupuesto de gasto. Esta tendencia ha generado preocupación sobre la sostenibilidad fiscal a largo plazo, dado que los niveles de deuda pública han ido aumentando gradualmente, alcanzando un ratio deuda/PIB de más del 31% en los últimos años. Sin embargo, Guatemala se adhiere a la regla de oro en las finanzas públicas, que establece que la deuda debe destinarse principalmente a la inversión pública y no a los costos operativos. No obstante, esta regla se ha aplicado con cierta flexibilidad, permitiendo al gobierno endeudarse en circunstancias especiales.[2]
Además, el Ministerio de Finanzas ha
reafirmado su compromiso de implementar un marco fiscal de mediano plazo
enfocado en mejorar la transparencia, la responsabilidad y la sostenibilidad de
las finanzas públicas. Este marco está alineado con el plan nacional de desarrollo
K’atun 2032[3], que promueve un
crecimiento económico inclusivo basado en la estabilidad fiscal y el equilibrio
macroeconómico. La política fiscal de Guatemala sigue enfocada en mantener la
estabilidad macroeconómica mientras busca fomentar el desarrollo social y
económico. Sin embargo, superar las limitaciones de una baja recaudación
tributaria, una economía informal grande y una deuda pública creciente
requerirá un esfuerzo concertado tanto del gobierno como de la sociedad en su
conjunto.
Es así como se concluye que, el sistema fiscal guatemalteco tiene retos, especialmente en términos de baja recaudación tributaria y la alta informalidad económica, que limitan su capacidad para financiar adecuadamente los servicios públicos esenciales. A futuro, Guatemala necesita implementar reformas profundas no enfocadas en la recaudación, sino que promuevan la transparencia y la buena administración fiscal. El éxito de estas reformas será importante para alcanzar los objetivos de desarrollo económico del país y mejorar las condiciones de vida de su población.
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